La Comisión de
Educación aprobó dos iniciativas vinculadas al sector educación que permitirán
promover nuevos espacios sociales, así como la inclusión social. El primer proyecto
de ley aprobado por unanimidad, propone un texto sustitutorio que modifica la
Ley Universitaria sobre las bases mínimas para obtener el grado de
bachiller, el conocimiento de la lengua de señas peruana como requisito
alternativo para obtener dicho grado académico. Se establece que
para la obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias
académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas,
siendo requisito haber aprobado estudios de pregrado, así como la investigación
y conocimiento de un idioma, como lengua nativa o lenguaje de señas, de acuerdo
a lo establecido en las normas de reconocimiento oficial.
El proyecto
también indica que el objetivo es reivindicar los derechos de las personas
con discapacidad, promover su inclusión y dar espacio para que se creen y
reconozcan otras formas de comunicación inclusiva que incluyan a las personas
con necesidades educativas especiales para el goce efectivo de sus derechos
fundamentales.
“Este hecho es una
realidad que no podemos soslayar. Hay miles de personas con discapacidad
auditiva en el Perú y requieren tener las mismas oportunidades para su
desarrollo social y profesional; no podemos ser ajenos a este hecho y no
generará ningún gasto al erario nacional. Las universidades tienen entre sus
fines colaborar de modo eficaz en este caso para la inclusión social de miles
de estudiantes”, manifestó el parlamentario Edgar Ochoa Pezo.
Los congresistas
Gloria Montenegro Figueroa, Joaquín Dipas Huamán, Alberto Oliva Corrales,
Carlos Domínguez Herrera, Edwin Vergara Pinto, Gino Costa Santolalla,
entre otros representantes, coincidieron en señalar la necesidad de aprobar la
presente iniciativa que ayudará a la inclusión social y educativa de miles de
estudiantes vinculados a esta realidad social.
LENGUAS ORIGINARIAS
Otro proyecto
aprobado por unanimidad, establece que se declare el 27 de mayo Día Nacional de
las Lenguas Indígenas u Originarias como parte de la pluralidad étnica,
cultural y lingüística de la Nación, toda vez que la Constitución Política del
Perú establece la identidad étnica y cultural como un derecho fundamental de la
persona.
“La presente
iniciativa tiene como objetivo desterrar y acortar la discriminación
lingüística, es decir, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas u
originarios continúan sufriendo situaciones o actitudes de discriminación
debido al uso de sus lenguas”, refirió la parlamentaria Tania Pariona Tarqui,
autora del proyecto de ley.
Los legisladores
Edgar Ochoa, Edwin Vergara, Gloria Montenegro, Joaquín Dipas, Nelly Cuadros Candia,
entre otros, coincidieron en señalar la necesidad de promover las lenguas
indígenas u originarias de nuestro país, como un medio para garantizar el
derecho a la identidad étnica, cultural y social.
“Se propone
establecer un día al año para celebrar, comunicar y trabajar por la valoración
de las lenguas indígenas, y el reconocimiento de este sector social que es
parte de nuestro Perú”, consideró la parlamentaria Cuadros Candia.
INFORMAN LABOR DE SUNEDU
El superintendente
(e) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
Sunedu, Carlos Benavides Abanto, se presentó ante este grupo de trabajo con la
finalidad de informar sobre diversos aspectos de su gestión reciente, así como
dar a conocer sobre algunos puntos requeridos en relación a gastos y contratos
de personal y servicios de la anterior gestión.
El funcionario dijo
que tiene una semana en el cargo e informó sobre cinco cuestionamientos a la
labor de este organismo, entre ellos la contratación de servicios de
consultoría, publicidad y personal contratado, gastos por servicios, y
denuncias de irregularidades en los procesos de licenciamiento de
universidades.
Benavides dijo que
hay 30 universidades licenciadas, 13 en verificación y 51 universidades que
están en proceso de la primera etapa de revisión de documentos.
Comentó que si una
universidad no se licencia no significa que no se esté haciendo mejoras. Hay un
reconocimiento en la población y de las universidades hacia la Dirección de
Licenciamiento y del trabajo que realizan. Dio a conocer que se analiza caso
por caso y se está dando prioridad a los problemas de fondo.
El superintendente
explicó en la comisión que el énfasis que se le quiere dar al trabajo de
supervisión no es el punitivo, sino que se está adaptando a lo que la ley
exige. Destacó el aumento de 63 a 114 defensorías universitarias y que tres de
cuatro universitarios ya tienen opción para continuar estudios en otras
universidades y no se vean perjudicados.
También dio a
conocer que existe un informe de Auditoría interna sobre el CAS y los servicios
y hay observaciones que se están trabajando. Asimismo, informó que el Sunedu
tiene 338 trabajadores, todos por sistema CAS.
Al término de la
exposición, parlamentarios de diversas bancadas dieron a conocer sus puntos
de vista sobre el informe recibido haciendo conocer sus puntos de vista y
algunas interrogantes que fueron respondidos por el funcionario en mención.
Por su parte,
Carlos Benavides refirió que tienen metas trazadas y que viene realizando
una labor transparente y sobre algunas interrogantes realizadas por los
congresistas serán respondidas por escrito.
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