El acoso en las instituciones educativas del país
afecta a un 60 por ciento de la población escolar, pese a la vigencia de la Ley
29719, de Convivencia Escolar y su reglamento, que establece mecanismos para
prevenir, evitar, sancionar y erradicar el también llamado ‘bullying’ en los
centros educativos.
El problema fue analizado en detalle durante el
diálogo intergeneracional ‘Por una escuela libre de violencia’, organizado por
la Alianza Nacional de Líderes de Transformación (ANALIT), con los auspicios
del congresista José Urquizo Maggia, que se desarrolló el viernes 19 en el
hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Palacio Legislativo.
En la cita, Aurora Muguruza Minaya, directora del
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó que solo en el año 2015 fueron
registrados, denunciados o conocidos 16,646 casos de acoso escolar, pero se
desconocen los casos no denunciados por los afectados.
Igualmente, el encargado de la Defensoría del
Pueblo, Eduardo Vega, reveló que entre septiembre del 2013 y julio del
2015, su institución registró 3,244 casos de violencia escolar, de los cuales
un 60 % fueron cometidos por escolares, y un 40 % por adultos (docentes o
personal administrativo), “lo que resulta muy preocupante”.
El problema se agrava porque, de un total de 1,711
instituciones educativas y 633 escuelas rurales multigrados supervisados
por la Defensoría, se detectó que en un 31 % de todos ellos no existía libro de
registro de incidencias, se carecía de plan de trabajo para garantizar la
convivencia escolar, y los existentes se habían elaborado sin la participación
de los propios escolares.
“La voz de los niños es muy valiosa y no puede ser
ignorada. No se puede legislar a favor de ellos, si ellos mismos no
participan”, comentó el defensor del Pueblo.
Ante esas realidades, el congresista Urquizo Maggia
expresó su preocupación por el poco avance logrado por la ‘ley antibullying’,
aprobada hace cinco años, y opinó que se hacía necesario incluir en el nuevo
Código de la Niñez y la Adolescencia modificaciones al Código Penal, para
sancionar todo tipo de hostigamiento y a quienes omitan sus responsabilidades
para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Al respecto, recordó que la Ley 29719 dispone la
creación de Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en cada centro
educativo, y establece las obligaciones del Ministerio de Educación, docentes,
directores, padres y apoderados, así de como las entidades del Estado, caso de
la Defensoría del Pueblo y del Indecopi.
De igual forma, debía ser modificada la ley que
dispone sancionar el maltrato físico y humillante contra los niños y
adolescentes, ya que esa norma, aprobada recientemente, solo propone
recomendaciones y medidas correctivas, que no siempre cumplen su objetivo.
En el evento, el congresista Yonhy Lescano lamentó
que las instituciones educativas no puedan contar con un psicólogo para tratar
estos casos, dado su alto número.
Al respecto, el defensor del Pueblo informó que
existen 82,354 escuelas públicas en todo el país, y sugirió comprometer a los
gobiernos regionales a que constituyen grupos itinerantes de psicólogos que
visiten los centros educativos.
El ‘diálogo intergeneracional’ permitió dar a
conocer las propuestas de jóvenes representantes de las seis regiones que
forman parte de la ANALIT (Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad y
Lima). Las conclusiones fueron dadas a conocer por los adolescentes Maykon
Quispe Quintos y Jianella Marcos Cántaro, coordinadores nacionales de Analit en
Huancavelica y Áncash, respectivamente.
Las propuestas fueron analizadas y discutidas en el
IV Congreso Nacional de ANALIT promovido por World Visión Perú (EVP), que se
realizó en Puente Piedra, con representantes del MINEDU, MIMP, DP, del Congreso
de la República y de la sociedad civil, además de los niños y
adolescentes.
En el documento se plantea
monitorear el funcionamiento del CONEI, proponer a los gobiernos regionales
asignar recursos para la contratación de psicólogos en las instituciones
educativas públicas; promover visitas inopinadas de inspección para verificar
la existencia de cualquier tipo de acoso físico o psicológico y garantizar la
participación de las organizaciones estudiantiles en la planificación,
implementación, ejecución y evaluación del plan de convivencia democrática, entre
otras propuestas.
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